“Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de los medicamentos de alto costo que están destruyendo los sistema de salud”, advirtió el economista de la Salud, Federico Tobar, durante un debate que hizo eje recurrente en la necesidad de regular los precios...antes de la hecatombe.

Federico Tobar, asesor regional en Sistema de Salud del Fondo de Población de Naciones Unidas, compartió la mesa sobre “Políticas de Regulación de Precios”, convocada por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Fundación Sanatorio Güemes, en el marco de tres jornadas consecutivas.

“El nuevo negocio no es asaltar camiones de caudales sino traficar con medicamentos”, ironizó Tobar durante su exposición, comparando que un gramo de un medicamento de alto costo cuesta en Hong Kong  el equivalente a 27 gramos de oro.

“Hay tres a cuatro enfermedades que tienen un costo de 500 mil dólares por año”, reforzó.

También fustigó la judicialización de los tratamientos de alto costo al afirmar que “centenas de abogados demandan millones de dólares que obligan a los jueces al ejercicio ilegal de la medicina”.

Con experiencia en Uruguay donde contribuyó con la redacción del seguro nacional contra las enfermedades catastróficas,  consultor de los gobiernos de Ecuador, Colombia, Panamá y República Dominicana, Tobar explicó los diferentes sistemas  adoptados para frenar o absorber el costo de los tratamientos innovadores, destacando que Uruguay es el que ha logrado la menor judicialización en virtud de la existencia del Fondo Nacional de Recursos (FNR) que concentra las compras y la financiación.

En Uruguay existe desde 2010 una ley que obliga al Fondo Nacional de Recursos a un estudio de impacto antes de autorizar cualquier tratamiento, tal como explicó durante las mismas jornadas la titular del FNR,Alicia Ferreira.

Ferreira explicó que en su país “no se paga por todo” y, por el contrario, se exige demostración de costo/evidencia, antecedentes terapéuticos y finalmente “se negocia el precio con los prestadores”.

Por ejemplo, Roche aceptó una tarifa plana de riesgo compartido para un medicamento recomendado para tratar el cáncer de mama, mencionó.

“¿A alguien se le ocurre que cualquier médico puede prescribir cualquier medicamento, salvo en Uruguay?”, reforzó Tobar.

El economista de la salud insistió que los medicamentos no pueden ingresar a la Argentina más caros que en otros países de la región.

Así también enfatizó que “solo funcionan los modelos transparentes, presionar a la industria con un revólver sobre la mesa no es transparente y no mejora las condiciones de salud”.  Lo del revólver no tuvo ninguna referencia en especial, pero a muchos de los presentes se le apareció en la memoria un ex secretario de Comercio.

Fernando Avellaneda, del Grupo Kadupules y de la Fundación Güemes, propuso la creación de unaComisión Nacional de Precios de Medicamentos, en paralelo con la agencia nacional evaluadora de medicamentos y tecnologías sanitarias.

“El gasto en medicamentos es uno de los ineficientes del sistema de salud y en consecuencia no hay una adecuada correlación entre el gasto en medicamentos y los resultados en salud”, afirmó Avellaneda,presidente de la obra social provincial de Tucumán.

“El causante es la desregulación de los mercados, la ausencia de regulación, el mercado argentino ha estado desregulado casi siempre”, afirmó.

Avellaneda cuestionó que “en Argentina es bajo el uso de los genéricos y encima con el genérico practican el efecto murciélago, o sea se prenden al precio más alto” de las marcas originales.

“Entre 2005 y  2010 aumentó 73 por ciento el gasto en medicamentos en Argentina. Ahora es de 1,3 por ciento del PBI,  hace 30 años era de 0,5 por ciento”, comparó.

Las obras sociales provinciales gastan 1.200 millones de pesos  anuales en medicamentos para atender 7 millones de afiliados, detalló,  proponiendo que “tenemos que buscar a alguien que no tenga el cartel del laboratorio en la puerta”.

Avellaneda propuso “una lista positiva de financiamiento de medicamentos según enfermedades elegidas y una lista negativa, de medicamentos que no serán cubiertos, por bajo o nulo aporte innovador”.

Fuente: Pharmabaires